Sedes de Empresas Multinacionales (SEM) en Panamá

Por Liz A. Prestan O.

Régimen especial de la Ley 41 de 2007 y sus reformas

Origen y evolución del régimen

Panamá diseñó, hace ya casi dos décadas, un régimen de incentivos pensado específicamente para atraer a su territorio las sedes regionales de grupos multinacionales. El instrumento que lo hizo posible fue la Ley No. 41 de 24 de agosto de 2007 (la “Ley SEM”), norma que creó tanto el régimen especial de Sedes de Empresas Multinacionales como la Comisión encargada de otorgar las licencias correspondientes. Su propósito declarado es triple: atraer inversión, generar empleo calificado y fomentar la transferencia de tecnología hacia el país.

Desde su promulgación, la Ley 41 ha sido objeto de varias reformas puntuales que han ido ajustando su alcance sin alterar su estructura original. La Ley 45 de 10 de agosto de 2012 modificó las reglas sobre el informe anual que deben presentar las empresas SEM. La Ley 57 de 24 de octubre de 2018 introdujo cambios más sustanciales: amplió el catálogo de servicios permitidos incorporando expresamente los servicios de asistencia financiera y administrativa, precisó que las empresas SEM únicamente pueden prestar servicios a compañías de su propio grupo empresarial, salvo las excepciones previstas en la ley, y sentó las bases del régimen de sustancia económica que hoy condiciona el acceso a los beneficios fiscales. Ese régimen de sustancia fue posteriormente desarrollado en detalle mediante la Guía para la Aplicación de los Requerimientos de Sustancia, emitida por la Secretaría Técnica de la Comisión SEM el 17 de septiembre de 2020 (Resolución No. 023-20), en línea con los estándares del Marco Inclusivo de la OCDE sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios (BEPS).

Qué es una Sede de Empresa Multinacional

Una Sede de Empresa Multinacional, o SEM, es la compañía que, operando desde territorio panameño, presta a su casa matriz, a sus subsidiarias, a sus filiales o a otras empresas relacionadas en conjunto, su “Grupo Empresarial” alguno o varios de los servicios expresamente autorizados por la Ley 41, sin importar si esas compañías receptoras se encuentran en la región o en cualquier otra parte del mundo.

Los servicios que puede prestar una empresa SEM

La licencia SEM no habilita a la compañía a prestar cualquier servicio a su grupo empresarial: únicamente puede desarrollar aquellas actividades que consten expresamente autorizadas en la licencia otorgada por la Secretaría Técnica, dentro del catálogo que fija la propia Ley 41. Ese catálogo comprende:

• Dirección y administración de las operaciones del grupo empresarial en un área geográfica determinada o a nivel global, incluyendo planificación estratégica, desarrollo de negocios, gestión y capacitación de personal, y control de operaciones o de logística.
• Logística y almacenaje de componentes o partes necesarios para la fabricación o el ensamblaje de productos manufacturados.
• Asistencia técnica dirigida a empresas del grupo empresarial, o a clientes que hayan adquirido un producto o servicio de dichas empresas y frente a los cuales exista la obligación contractual de prestar esa asistencia.
• Asistencia técnica, financiera y administrativa, así como otros servicios de soporte —gerencia financiera, análisis de riesgo y de crédito, debida diligencia, cumplimiento normativo, custodia y archivo documental, procesamiento de datos, tesorería corporativa e incluso préstamos entre empresas del grupo—, con la advertencia de que estos servicios no pueden extenderse a actividades que requieran una licencia otorgada por un ente regulador panameño, y que, cuando el receptor del servicio tenga licencia bancaria, de seguros, de reaseguros o de valores, la SEM deberá notificar previamente al regulador correspondiente.
• Contabilidad del grupo empresarial.
• Elaboración de planos que formen parte de diseños o construcciones propios del giro habitual de negocio de la casa matriz o de sus subsidiarias.
• Procesamiento electrónico de cualquier actividad del grupo, incluida la consolidación de sus operaciones y las operaciones de red.
• Asesoría, coordinación y seguimiento de los lineamientos de mercadeo y publicidad de los bienes y servicios del grupo empresarial.
• Soporte de operaciones, e investigación y desarrollo de los productos y servicios del grupo empresarial.

El régimen de sustancia económica

El acceso al tratamiento fiscal especial de la Ley 41 no depende únicamente de la obtención de la licencia: exige, además, que la empresa SEM acredite sustancia económica real en Panamá respecto de las actividades que efectivamente desarrolla. La normativa exige, concretamente, que las actividades principales se ejecuten dentro del territorio panameño, que la empresa mantenga una cantidad adecuada de personal a tiempo completo dedicado a esas actividades, y que incurra en un monto adecuado de gastos operativos, directamente relacionados con dichas actividades, también dentro del país.

La ley admite, sin embargo, un grado de flexibilidad operativa: el personal que ejecuta las actividades principales puede ser contratado a través de un proveedor externo (tercerización), siempre que la empresa SEM mantenga sobre esas actividades un control y una supervisión efectivos.

La evaluación del cumplimiento de estos requisitos no es uniforme para todas las empresas: la Comisión SEM la ajusta según el tipo de operación, el tamaño y la complejidad de cada compañía. Las empresas que obtuvieron su licencia antes del 17 de octubre de 2017 quedaron sujetas a esta verificación a partir del 1 de julio de 2021. Con independencia de esa fecha, todas las empresas SEM deben presentar, cada 30 de junio, una declaración jurada mediante la cual confirman el cumplimiento de los requisitos de sustancia correspondientes al período fiscal respectivo.

Requisitos para obtener la licencia SEM

Corresponde a la Comisión SEM adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias fijar los requisitos concretos para el otorgamiento de la licencia, dentro de los parámetros que la propia ley le señala: los activos del grupo empresarial, sus lugares de operación, las actividades comerciales que realiza, si sus acciones cotizan en bolsa, y el número mínimo de empleados a tiempo completo y de gastos operativos anuales que el grupo mantiene en Panamá.

En la práctica, la solicitud se formaliza mediante la presentación del Formulario LS-RG-001, que debe contener, entre otra información: los datos generales de la empresa solicitante, su representante legal, directores, dignatarios y apoderados; los datos de la firma de abogados que la representa; el grupo empresarial al que pertenece y las actividades u operaciones que este desarrolla; los activos del grupo empresarial; los servicios que prestará bajo la licencia SEM; la identificación de las entidades del grupo a las que prestará dichos servicios; la estimación de la inversión inicial; la proyección del número de empleados calificados a contratar durante el primer año; el número de empleados extranjeros de confianza previstos, junto con la proyección de plazas para personal panameño; si el grupo cotiza en bolsa; los planes de responsabilidad social empresarial en materia de transferencia de tecnología y educación; y la proyección de los gastos operativos anuales de la SEM en Panamá.

El formulario debe acompañarse, además, de una serie de documentos de soporte: poder otorgado a abogado idóneo en Panamá; el pacto social de la sociedad solicitante, en el que conste como objeto principal su establecimiento como SEM bajo la Ley 41 (o su reforma, si se trata de una sociedad ya existente); una declaración jurada del representante legal en la que exprese la intención de establecerse como SEM, identifique el grupo empresarial y los servicios que prestará, y confirme el cumplimiento de los requisitos legales; los estados financieros consolidados del grupo empresarial, debidamente certificados por contador público autorizado; cuando la solicitante sea una empresa panameña propiedad del grupo, una certificación notariada del tesorero o secretario que acredite la participación accionaria dentro del grupo; una carta de referencia bancaria de la casa matriz o de los propietarios de la solicitante; y un organigrama corporativo que muestre su relación con el resto del grupo empresarial.

Uno de los requisitos centrales para calificar al régimen es de naturaleza cuantitativa: los activos del grupo empresarial deben ser iguales o superiores a US$200,000,000.00, extremo que debe demostrarse mediante los estados financieros consolidados; alternativamente, si el grupo no alcanza ese umbral, la empresa solicitante puede calificar igualmente si acredita, mediante declaración jurada notariada, que presta servicios a por lo menos siete (7) filiales, subsidiarias o compañías asociadas de su grupo empresarial.

Los principales incentivos de la Ley 41

El régimen SEM ofrece a las empresas licenciatarias un conjunto de beneficios que, en conjunto, constituyen uno de sus principales atractivos frente a otras jurisdicciones de la región:

• Impuesto sobre la Renta: tarifa reducida del 5% sobre la renta neta gravable derivada de los servicios SEM prestados.
• ITBMS: exención respecto de los servicios prestados por la SEM a empresas del grupo empresarial que no generen renta de fuente panameña.
• Impuesto de Dividendos: exención total.
• Aviso de Operación: no se requiere licencia comercial ordinaria.
• Impuesto de ganancia de capital sobre la venta de acciones de la propia empresa SEM: tarifa reducida del 1% sobre el valor total de la enajenación.
• Visa SEM para personal extranjero: el personal contratado bajo esta visa no está sujeto a las limitaciones porcentuales de contratación de extranjeros que aplican al resto de las empresas en Panamá (10%-15%), y queda exento del pago de impuesto sobre la renta y de cuotas de seguridad social.
• Estabilidad jurídica de las inversiones: las empresas SEM quedan cubiertas por la Ley de Estabilidad Jurídica de las Inversiones, que garantiza estabilidad en materia de impuestos nacionales por diez años, y en materia de impuestos municipales por cinco años.

Conviene precisar que estos beneficios no son ilimitados: cuando la empresa SEM aplica créditos fiscales, la propia normativa —incorporada mediante la Ley 57 de 2018— exige que, en todo caso, pague como mínimo un 2% de su renta neta gravable en concepto de Impuesto sobre la Renta, sin que dichos créditos puedan arrastrarse a períodos futuros ni ser objeto de devolución.

La obligación de reporte anual

Toda empresa SEM debe presentar, dentro de los seis meses siguientes al cierre de su período fiscal, el Formulario LS-RG-010 (Informe Anual), declaración jurada que debe llevar la firma conjunta del representante legal de la empresa y de un contador público autorizado, y que debe acompañarse de los estados financieros auditados correspondientes.

El formulario se estructura en dos secciones. La primera recoge información general sobre las operaciones de la empresa: sus datos generales y los de su representante legal y contadores públicos autorizados; los contactos de enlace ante la oficina SEM; una descripción de las actividades y servicios efectivamente prestados durante el año; los ingresos recibidos por esas actividades; la identificación de las entidades del grupo a las que se prestaron los servicios amparados por la licencia; las inversiones realizadas en Panamá durante el período; el listado del personal extranjero contratado con sus datos generales, cargos y el monto total de la planilla y de sus dependientes; el listado del personal de tiempo completo, identificando a quienes ejercen funciones de dirección, supervisión o representación; el listado de permisos migratorios de personal extranjero cancelados durante el período; el listado del personal panameño contratado; los planes de responsabilidad social corporativa y de transferencia de tecnología ejecutados; los requisitos generales del personal contratado y la estimación del tiempo en que se necesitará; los planes futuros de la empresa; el contacto de recursos humanos; y la información sobre la aseguradora, vigencia y alcance de la póliza de seguro médico del personal extranjero y sus dependientes.

La segunda sección se concentra específicamente en las actividades sujetas a los requisitos de sustancia: exige una descripción detallada de esas actividades durante el período fiscal, los recursos y activos utilizados para desarrollarlas, los ingresos que generan, los gastos operativos asociados y el personal dedicado a ellas, distinguiendo entre actividades principales y secundarias conforme a los criterios de la Guía para la Aplicación de Requerimientos de Sustancia (Resolución No. 023-20 de 2020).

Presentado el formulario, la Secretaría Técnica de la Comisión SEM dispone de un plazo de seis meses para revisar la información y la documentación aportadas, y debe emitir, sobre esa base, una resolución que determine si la empresa cumplió o no con los requisitos de sustancia económica correspondientes al período fiscal evaluado.

Conclusión

Casi dos décadas después de su promulgación, la Ley 41 de 2007 mantiene su vigencia como el instrumento central de Panamá para atraer sedes regionales de grupos multinacionales, apoyada en un paquete de incentivos fiscales, migratorios y de estabilidad jurídica que sigue siendo competitivo dentro de la región. Las reformas introducidas por las Leyes 45 de 2012 y 57 de 2018 y, en particular, la incorporación del régimen de sustancia económica desarrollado por la Resolución No. 023-20 de 2020 han acercado el régimen SEM a los estándares internacionales impulsados por la OCDE, exigiendo que los beneficios fiscales respondan a una operación real y verificable en territorio panameño, y no a una mera estructura formal. Para cualquier grupo empresarial que evalúe establecer o mantener una SEM en Panamá, el análisis debe cubrir hoy tanto el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y licenciamiento como la construcción y documentación continua de esa sustancia económica, so pena de perder el tratamiento fiscal preferencial que constituye la razón de ser del régimen.

Este artículo tiene fines informativos y de análisis jurídico general; no constituye asesoría legal para un caso particular. La disponibilidad de incentivos, licencias y tratamientos fiscales debe verificarse según los hechos y la normativa vigente al momento de cada operación.