Perspectivas

¿El fin del benchmarking defensivo? Estrategias de precios de transferencia en la era post-BEPS

Liz A. Prestan O.agosto 21, 2026Fiscal

Por Liz A. Prestan O.

Qué es el benchmarking en precios de transferencia

El benchmarking es el estudio comparativo mediante el cual se busca demostrar que el precio pactado entre dos empresas vinculadas es equiparable al que pactarían dos empresas independientes en condiciones de mercado equivalentes.

En términos simples: si la filial panameña de un grupo multinacional le compra un servicio a su casa matriz en España, la autoridad tributaria querrá saber si ese precio responde a la realidad económica de la operación o si, por el contrario, fue fijado artificialmente para trasladar utilidades hacia otra jurisdicción. El benchmarking responde a esa pregunta identificando transacciones comparables en el mercado y demostrando que el precio intercompañía se ubica dentro de un rango aceptable conforme al principio de plena competencia (arm’s length).

Para ese propósito se recurre a bases de datos especializadas, como Bureau van Dijk u otras de naturaleza similar que recopilan información financiera de miles de empresas independientes y permiten construir el rango de comparación correspondiente.

La limitación de esta herramienta, sin embargo, se ha vuelto cada vez más evidente en el entorno posterior al proyecto BEPS: el benchmarking demuestra que el precio es razonable, pero no demuestra que el servicio haya sido necesario, ni que efectivamente se haya prestado. Por esa razón, hoy debe complementarse con documentación sustantiva adicional. En una frase: el benchmarking dice cuánto se cobró; la documentación post-BEPS debe explicar el por qué, el para qué y el cómo.

El modelo anterior: el benchmarking como escudo suficiente

Durante años, el benchmarking comparativo constituyó el pilar central de las políticas de precios de transferencia de los grupos multinacionales. Contar con un estudio de benchmarking técnicamente bien elaborado bastaba, en la práctica, para estructurar la defensa fiscal de una empresa, orientar la estrategia de sus asesores legales y sostener su posición ante una eventual controversia con la administración tributaria.

El punto de quiebre: la irrupción del proyecto BEPS

La aprobación del Plan de Acción BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) de la OCDE marcó un cambio de paradigma irreversible en esta materia. El benchmarking, considerado de manera aislada, ha dejado de ser un instrumento de defensa eficaz: presentarlo como única evidencia ya no neutraliza el cuestionamiento de las administraciones tributarias, que hoy exigen un análisis sustancialmente más profundo, centrado en la realidad económica de la operación y no únicamente en su rango de precios.

El nuevo estándar: sustancia, necesidad y materialidad

En el entorno post-BEPS, sostener con éxito una posición en materia de precios de transferencia exige acreditar, como mínimo, tres elementos:

La necesidad del servicio. No basta con afirmar que se contrató un servicio con una parte vinculada; es necesario demostrar por qué ese servicio era efectivamente necesario para el negocio y por qué no podía ser prestado con recursos propios de la entidad local.
La materialidad del servicio. Debe acreditarse que el servicio se prestó de manera efectiva y real, mediante documentación concreta que respalde su ejecución —correos, entregables, reportes, bitácoras de trabajo, entre otros medios de prueba.
La coherencia contractual. Los contratos suscritos entre partes vinculadas deben contar con todos los soportes que justifiquen la relación jurídica, el precio pactado y las condiciones acordadas, de forma consistente con la operación real del negocio.

Un ejemplo ilustrativo: el caso de servicios de tecnología

Considérese el caso de una empresa domiciliada en Colombia que cuenta con diez ingenieros de sistemas en su nómina, pero que a su vez contrata servicios de tecnología con una empresa vinculada ubicada en una zona franca en Uruguay. En ese escenario, presentar un benchmarking ya no resuelve el problema: la autoridad tributaria preguntará para qué sirven los ingenieros propios y qué hace concretamente la empresa uruguaya. Si no es posible demostrar la necesidad y la materialidad del servicio prestado, la operación queda expuesta a ser desconocida o recaracterizada por la administración tributaria.

El benchmarking no ha desaparecido como herramienta, pero ha dejado de ser una solución completa para convertirse en apenas un componente dentro de una estrategia de cumplimiento más robusta. Presentarlo como único soporte constituye hoy un riesgo fiscal, no una defensa. La clave está en construir expedientes que acrediten sustancia económica real, necesidad justificada y prestación efectiva del servicio.

La documentación de precios de transferencia como obligación previa al cierre financiero

La documentación que respalda las operaciones entre partes vinculadas no puede tratarse como un trámite posterior, ni como una formalidad reactiva ante una eventual fiscalización. El material probatorio que sustenta los precios de transferencia debe estar construido, ordenado y disponible antes del cierre del estado financiero del período correspondiente.

Lo anterior implica que, al momento del cierre, la empresa debe contar con:

Los contratos vigentes con partes vinculadas, debidamente suscritos y actualizados.
La justificación de la necesidad de cada servicio o transacción intercompañía.
La evidencia de la prestación efectiva del servicio o de la entrega del bien correspondiente.
El estudio de precios de transferencia que acredite el cumplimiento del principio de plena competencia.
Toda la documentación de soporte que vincule la operación con su sustancia económica real.

Documentar con posterioridad al cierre no solo debilita la posición defensiva de la empresa, sino que puede ser interpretado por la autoridad tributaria como la construcción artificial de evidencia. La solidez del expediente depende, en gran medida, de que su preparación sea contemporánea a la operación, y no posterior a ella.

Un punto que merece especial atención en esta etapa es el tratamiento de las regalías, que son objeto de revisión prácticamente en todas las jurisdicciones y que constituyen, en consecuencia, uno de los puntos de mayor exposición fiscal que deben resolverse antes de la preparación del estado financiero de cierre.

La controversia en precios de transferencia: defensa, prueba pericial y estrategia procesal

Cuando la autoridad tributaria desvirtúa el método del contribuyente

Ante un cuestionamiento de la administración tributaria al método de precios de transferencia utilizado, el contribuyente no puede limitarse a reiterar su posición original. Debe estar preparado para defender activamente cada elemento controvertido, ofreciendo argumentos alternativos sólidos que sostengan tanto la elección del método como la validez del benchmarking presentado. Agotar los catálogos y bases de datos disponibles es necesario, pero no resulta suficiente si la empresa no cuenta, además, con una estrategia procesal clara.

El respaldo de los tribunales administrativos en los estándares BEPS

Cuando un tribunal administrativo tributario sustenta su decisión con fundamento en los lineamientos BEPS, el estándar de exigencia probatoria se eleva considerablemente. Esto confirma que el análisis en esta materia ya no puede ser meramente formal: la sustancia económica de la operación debe quedar acreditada de manera integral y convincente ante el juzgador.

El dictamen pericial como prueba preponderante

El dictamen pericial constituye, en materia de precios de transferencia, la prueba de mayor peso dentro del proceso contencioso. Su función es doble: por un lado, acreditar que el método de precios de transferencia utilizado es técnicamente correcto; por otro, demostrar que la operación cuenta con sustancia económica real. Más allá de su rigor técnico, el dictamen cumple también un rol comunicacional esencial, al permitirle al juzgador comprender el fondo de una controversia que, por su naturaleza, resulta altamente especializada y, en principio, ajena al conocimiento jurídico ordinario.

El perito como estratega: anticipación y conexión probatoria

El perito no puede limitarse a emitir una opinión técnica aislada. Su labor exige, además, un componente estratégico indispensable:

Debe anticiparse a las objeciones que previsiblemente formulará la autoridad tributaria, preparando su dictamen como una respuesta preventiva a esos cuestionamientos.
Debe prever el contenido y la forma de las preguntas del interrogatorio, pues la manera en que estas se formulan puede condicionar la percepción del juzgador. Preguntas aparentemente técnicas —como si el servicio fue efectivamente pagado a la empresa vinculada, o si el perito asesoró directamente a la empresa— pueden llevar una carga sugestiva capaz de inclinar la valoración del juez.
El dictamen pericial debe entenderse como una prueba activa, no estática: debe estar conectado con el resto del material probatorio del expediente, reforzándolo y dándole coherencia, en lugar de constituir un documento aislado.

En síntesis, en una controversia de precios de transferencia, la calidad técnica del dictamen pericial resulta tan determinante como la capacidad del perito para anticipar el debate y comunicar el fondo del asunto con claridad ante quien debe decidir.

El caso Apple en Irlanda: una controversia paradigmática en materia de precios de transferencia

Contexto del caso

Apple estructuró sus operaciones europeas, de Oriente Medio, de África y de la India a través de dos subsidiarias constituidas en Irlanda: Apple Sales International (ASI) y Apple Operations Europe (AOE). Ambas eran, a su vez, filiales de Apple Operations International, dentro de la cadena societaria que en última instancia remontaba a Apple Inc. en los Estados Unidos.

ASI y AOE operaban bajo un esquema de sede central y sucursal: cada una tenía registrada en Irlanda una sucursal (branch) que desarrollaba funciones operativas concretas —principalmente compra, distribución y venta de productos Apple para el mercado europeo—, mientras que la “sede central” (head office) de cada entidad, formalmente domiciliada también en Irlanda para efectos de registro societario, no tenía empleados propios, no ocupaba oficinas, no tenía activos operativos ni realizaba actividad alguna verificable. Se trataba, en la práctica, de una construcción contable y no de una unidad de negocio real.

Los tax rulings de 1991 y 2007

El elemento que desencadenó la investigación de la Comisión Europea fueron dos resoluciones fiscales anticipadas (tax rulings) emitidas por la autoridad tributaria irlandesa, en 1991 y posteriormente renovadas y ajustadas en 2007. Estas resoluciones aprobaban, con antelación y de manera vinculante para la administración, el método que Apple utilizaría para determinar la base imponible de las sucursales irlandesas de ASI y AOE.

El método aprobado consistía en asignar a cada sucursal una utilidad calculada mediante fórmulas específicas —sobre costos operativos y, en algunos años, sobre un porcentaje de las ventas— que arrojaban una base imponible reducida y, sobre todo, desconectada de la magnitud real de los ingresos que las sucursales generaban. El remanente de la utilidad —la denominada utilidad residual, que representaba la abrumadora mayoría de las ganancias del grupo derivadas de la explotación de la propiedad intelectual de Apple— se atribuía contablemente a las sedes centrales sin sustancia, y por esa vía quedaba, en la práctica, fuera del alcance efectivo de cualquier jurisdicción tributaria.

El problema de fondo: activos intangibles sin funciones que los sostengan

El acuerdo de reparto de costos (cost sharing agreement) suscrito entre Apple Inc. y sus subsidiarias irlandesas permitía a estas últimas explotar los derechos de propiedad intelectual del grupo —patentes, marcas, diseño de productos, software— para la comercialización de productos Apple fuera del continente americano. Sin embargo, las funciones de investigación y desarrollo que generaban ese valor se ejecutaban, en su inmensa mayoría, en los Estados Unidos, no en Irlanda.

El desajuste central del caso es precisamente este: se asignaba la utilidad derivada de activos intangibles de altísimo valor a una entidad —la sede central de ASI y AOE— que no empleaba personal, no gestionaba riesgos, no tomaba decisiones estratégicas y no desarrollaba ninguna actividad económica sustantiva vinculada a esos intangibles. La estructura contradecía frontalmente el principio, hoy consolidado en el estándar post-BEPS, según el cual la utilidad debe seguir a la función, al riesgo asumido y a los activos efectivamente gestionados, y no a la mera titularidad contractual o contable.

La posición de la Comisión Europea: ayuda de Estado, no solo un problema de precios de transferencia

En agosto de 2016, la Comisión Europea concluyó que los tax rulings de 1991 y 2007 no se limitaban a interpretar la ley tributaria irlandesa, sino que otorgaban a Apple una ventaja selectiva no disponible para otras empresas en situación comparable, en contravención del artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que prohíbe las ayudas de Estado que falseen la competencia dentro del mercado interior.

El razonamiento de la Comisión se apoyó expresamente en el principio de plena competencia como parámetro de referencia: cualquier resolución fiscal que valide una asignación de utilidades intragrupo que se aparte de lo que hubieran pactado partes independientes en condiciones comparables conforme a los lineamientos de precios de transferencia de la OCDE constituye, para estos efectos, una ventaja selectiva. La Comisión no cuestionó la legalidad de la tarifa irlandesa del impuesto sobre la renta como tal, sino la forma en que, a través del método de asignación aprobado, una porción sustancial de la base imponible dejaba de tributar en cualquier jurisdicción. Como consecuencia, ordenó a Irlanda recuperar de Apple 13.000 millones de euros, más intereses, correspondientes al período comprendido entre 2003 y 2014.

El vaivén judicial: la victoria inicial de Apple e Irlanda en 2020

Tanto Apple como Irlanda esta última con un interés directo en preservar su régimen de resoluciones fiscales anticipadas como atractivo de inversión recurrieron la decisión ante el Tribunal General de la Unión Europea. En julio de 2020, el Tribunal General falló a favor de Apple e Irlanda, anulando la decisión de la Comisión. El Tribunal consideró que la Comisión no había logrado demostrar, con el estándar probatorio exigible, que existiera efectivamente una ventaja selectiva, ni había acreditado de manera suficiente que el método de asignación de utilidades se apartara del principio de plena competencia conforme a los criterios metodológicos aplicables.

Este primer fallo fue celebrado por algunos sectores como una confirmación de los límites del uso del derecho de la competencia las normas sobre ayudas de Estado como herramienta para atacar estructuras de precios de transferencia, un ámbito tradicionalmente reservado al derecho tributario internacional y a los convenios de doble imposición.

El fallo definitivo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (2024)

La Comisión Europea apeló la sentencia del Tribunal General ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la máxima instancia judicial del bloque. En septiembre de 2024, el TJUE revocó la sentencia de 2020 y confirmó, de manera definitiva y sin posibilidad de ulterior recurso, la decisión original de la Comisión de 2016.

El TJUE concluyó que el Tribunal General había incurrido en errores de derecho al valorar la metodología de asignación de utilidades entre las sucursales operativas y las sedes centrales de ASI y AOE, y que la Comisión sí había acreditado correctamente que el método aprobado por los tax rulings atribuía de forma indebida la utilidad derivada de las licencias de propiedad intelectual a entidades sin capacidad funcional real para generarla o gestionarla. El fallo confirmó la obligación de Irlanda de recuperar los 13.000 millones de euros, monto que, sumado a los intereses acumulados durante el proceso, representa una de las mayores correcciones fiscales impuestas a una multinacional en la historia de la Unión Europea.

Lecciones para la práctica de precios de transferencia

El caso Apple deja lecciones que resultan directamente aplicables a la práctica actual, más allá del contexto específico del derecho de la competencia europeo:

La forma contractual no sustituye la sustancia. Contar con acuerdos de reparto de costos, resoluciones fiscales anticipadas y una estructura societaria formalmente impecable no protege una posición fiscal si la asignación de utilidades no refleja las funciones, activos y riesgos reales de cada entidad.
La utilidad debe seguir a la función. La atribución de ingresos derivados de intangibles de alto valor exige identificar dónde se ejercen realmente las funciones de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de esos activos (el estándar conocido en la literatura BEPS como análisis DEMPE), y no limitarse a la titularidad jurídica formal.
Una entidad sin empleados no puede ser el destino final de la utilidad residual. Una sede central sin personal ni presencia física es, por definición, incapaz de asumir riesgos o tomar decisiones estratégicas, y por tanto no puede sostener, desde la perspectiva de sustancia económica, la atribución de utilidades sustanciales.
El riesgo ya no es exclusivamente tributario. El caso demuestra que las estructuras de precios de transferencia carentes de sustancia pueden ser atacadas no solo por la vía tributaria tradicional, sino también a través de otras ramas del derecho —en este caso, el régimen de ayudas de Estado del derecho de la competencia europeo— cuando producen una ventaja que distorsiona la competencia dentro de un mercado.

Relevancia para el debate post-BEPS

Este caso confirma, en la instancia judicial de mayor jerarquía dentro de la Unión Europea, precisamente lo que se ha venido señalando a lo largo de este artículo: el método de precios de transferencia puede ser desvirtuado y la utilidad recaracterizada cuando no está respaldado por sustancia económica real. Apple contaba con una estructura extensamente documentada desde el punto de vista formal, incluyendo resoluciones fiscales anticipadas emitidas por la propia autoridad tributaria irlandesa; sin embargo, la utilidad residual del grupo migraba hacia sedes sin empleados, sin funciones y sin presencia física, lo que terminó siendo indefendible ante los tribunales europeos, tanto desde la óptica de precios de transferencia como desde la óptica del derecho de la competencia. El caso Apple es, en ese sentido, el ejemplo más visible a escala global de la tesis central de este artículo: el benchmarking y la documentación formal no bastan cuando la sustancia económica no acompaña a la estructura.

Conclusión

El benchmarking no ha muerto como herramienta de precios de transferencia, pero sí ha dejado de ser, por sí solo, una defensa suficiente. En el entorno post-BEPS, la solidez de una posición fiscal depende de que el precio pactado entre partes vinculadas esté respaldado por sustancia económica real, necesidad demostrable y prestación efectiva del servicio o bien objeto de la transacción. La experiencia comparada desde las controversias ante tribunales administrativos tributarios hasta el caso Apple en la Unión Europea confirma que las administraciones tributarias y los tribunales evalúan hoy la realidad económica de la operación por encima de su sola consistencia formal. Para las empresas y sus asesores, esto exige un cambio de enfoque: documentar de forma contemporánea a la operación, construir expedientes probatorios integrales, y preparar la eventual controversia con la misma anticipación estratégica con la que se estructura la operación misma.

Fuentes oficiales consultadas

Este artículo tiene fines informativos y de análisis jurídico general; no constituye asesoría legal para un caso particular.